¿Una Declaración Unilateral de Independencia provisional?

No es ningún secreto que las instituciones españolas utilizarán cualquier excusa jurídica para impedir votar el 9 de noviembre. Lo más probable es que el Tribunal Constitucional suspenda de forma cautelar o bien directamente la ley de consultas, o bien la convocatoria de la doble pregunta, y esto, a pesar de que desde un punto de vista estrictamente técnico no vulnera ninguna norma española vigente. La cuestión central, a diferencia del referéndum escocés, es que la clase política española (acompañada de buena parte de su opinión pública) no reconoce Cataluña como sujeto político nacional, por lo que no toleraría ninguna consulta aunque tuviera la absoluta certeza que el unionismo la ganara. Es precisamente por eso, la irracional cerrazón de no aceptar la realidad nacional de nuestro país, que el régimen muestra su verdadero rostro de autoritarismo, con un fanatismo jurídico de estilo turco, donde el nacionalismo español adquiere una dimensión religiosa y deja en evidencia que la democracia, en el seno del Estado, se somete a la entelequia de la supuesta unidad nacional (o el interés particular de su casta gobernante), en los mismos términos que dejó escrito el general Franco en su testamento. Existe, además, la creencia, por parte del gobierno español, que la negativa a votar desanimaría o radicalizaría este independentismo sociológico movilizado, con la ilusa esperanza de que todo vuelva a ser como antes.

Frente a la certeza de la suspensión de la consulta, y por tanto del choque de dos legalidades, se impone el dilema leninista, ¿qué hacer? Entre los firmantes del pacto por la consulta parece que hay varios planes B no necesariamente coincidentes, sin embargo; votar sin el aval de la oficialidad tiene sus riesgos. En estas circunstancias, lo más razonable, caso de que el Estado impida la consulta, es una fórmula imaginativa que permita convocar a votar a los catalanes con un paraguas legal. Se trataría de una declaración unilateral de independencia, al día siguiente de la intervención desfavorable del TC, con carácter parcial y provisional. Con carácter parcial, porque no sería necesario que la Generalitat asumiera la totalidad de las competencias, sino aquellas que aseguraran la votación (interior, orden público, censo …) y algunas de estratégicas que impidieran la desestabilización del país (hacienda, justicia, enseñanza … ). A diferencia de una DUI convencional, no sería necesario que el resto de estados la reconocieran, porque el objetivo único sería permitir que la ciudadanía catalana pudiera decidir sobre un aspecto tan trascendente como su propio futuro, y resultaría políticamente menos complicada. Y con carácter provisional (por ejemplo, de un año), para que, fuera cual fuera el resultado, los representantes de la Generalitat pudieran negociar el estatus político resultante con el gobierno español y la comunidad internacional.

No faltan precisamente argumentos jurídicos para usar un procedimiento como el propuesto. No hay que olvidar que la propia Generalitat es una institución previa al ordenamiento constitucional. Y no nos referimos únicamente a la que fue extinguida por la violencia de 1714, sino en etapas más recientes. El mismo estado monárquico restauró, con carácter de urgencia, en octubre de 1977, la Generalidad republicana, que había mantenido su existencia ininterrumpidamente desde el exilio. Por tanto, la Generalitat catalana es una institución ligada a la República española, y no a la monarquía constitucional impuesta, no olvidemos, por el acto ilegítimo de fuerza de un golpe de estado y una guerra de la que aún no se han evaluado los crímenes, y sobre la que el Estado impide toda investigación. El problema es que la misma República en el exilio decidió disolverse el 21 de junio de 1977, de modo que, como una extraña paradoja, la Generalitat actual se puede considerar como titular única de la soberanía republicana. En otras palabras, Cataluña es España, aunque no como muchos quisieran, sino que es la España republicana, depositaria de su legitimidad democrática, y enfrentada a un Estado que pretende impedir la democracia. Mas es también el presidente de la República española. En este sentido, el gobierno catalán tiene suficiente capacidad para autorizarse su propia consulta. Y es así como los catalanes tenemos que poder votar, imponiendo la voluntad democrática al resultado monárquico de un acto ilegítimo de fuerza.

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